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Facturas Truchas en el TC: detuvieron a un piloto por liderar la banda que evadió 800 millones de pesos

El piloto de automovilismo César Ariel Balmaceda  (con poco vuelo en el TC pero con contactos aceitados con los grandes de la categoría más popular del automovilismo argentino) fue detenido esta mañana a raíz de una investigación que desencadenó una megacausa de facturas truchas en el Turismo Carretera. Al corredor nacido en San Luis se lo acusa de liderar una asociación ilícita que facturó operaciones inexistentes por la suma de $ 1.800 millones, por lo que la evasión alcanza los 800 millones de pesos, entre IVA y Ganancias.

La Justicia también determinó que en la maniobra participaron otros 11 pilotos. Por orden del Juzgado Federal de San Luis se realizaron numerosos allanamientos en varias provincias del país, en donde se secuestraron documentos y elementos que prueban la maniobra delictiva y el rol de Balmaceda como jefe de la organización.

La Justicia dispuso un embargo de $200.000.000 sobre Balmaceda y estableció la imputación de 35 sospechosos como integrantes de la asociación ilícita fiscal. Además de la prohibición de salida del país de aquellos que permanecen en libertad.

En su accionar, el grupo comandado por Balmaceda buscaba terceras personas para hacerlas figurar como integrantes de sociedades falsas. También se las inscribía como contribuyentes apócrifos a cambio de una suma de dinero, aprovechándose de sus necesidades económicas. De esta forma, se creaban e inscribían ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) empresas “fantasma”, integradas por personas insolventes, a quienes luego se les realizaba el trámite correspondiente para la emisión de facturas tipo A. El último paso era la confección de toda la documentación necesaria para llevar a cabo la actividad.

La investigación fue llevada a cabo por la Fiscalía Federal de San Luis, a cargo de Cristian Rachid, en donde el piloto de Turismo Carretera fue sindicado como jefe y organizador de una agrupación que evadió impuestos a través de facturas apócrifas. También mediante la inscripción de personas insolventes como contribuyentes ante la AFIP, entre 2014 y 2018.

La organización contaba con un importante grupo de intermediarios en las provincias de San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén. Según la División Investigación de la Dirección Regional Mendoza, la organización emitió facturas electrónicas por un total de 1.867.836.339 millones de pesos.

En cuanto a los otros 11 pilotos, los investigadores creen que habrían actuado como intermediarios en la comercialización, confección y distribución de las facturas apócrifas, lo que permitió proyectar la empresa delictiva a distintos puntos del país.

Fuente: Infobae

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