Los diputados y las diputadas abajo firmantes, integrantes del Parlamento Patagónico, en representación institucional de las provincias del sur argentino, manifiestan su profundo rechazo y firme preocupación ante la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Dicho pronunciamiento frena las acciones judiciales interpuestas contra el DNU 70/23 y habilita, en la práctica, la derogación de la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Esta decisión judicial restaura, de forma efectiva, un escenario en el cual la compra de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras queda desprovista de los límites cuantitativos y geográficos, así como de las medidas de protección de recursos estratégicos, que establecía la legislación nacional.

Para la región patagónica —caracterizada por extensas zonas de frontera, recursos hídricos fundamentales y áreas de alto valor ecosistémico y geopolítico—, la desregulación dominialrepresenta un riesgo inminente para la integridad territorial y el desarrollo sustentable de nuestras comunidades.

Desde un estricto respeto republicano, observamos con inquietud cómo el argumento procesal de la Corte Suprema niega la legitimación colectiva a organizaciones como el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). Quienes arriesgaron su vida en defensa de la soberanía nacional en el Atlántico Sur se ven impedidos de someter a revisión judicial una medida gubernamental de vital trascendencia.

La doctrina adoptada impone barreras de acceso a la justicia al exigir la acreditación de afectaciones individuales frente a normativas que resguardan derechos de incidencia colectiva, indivisibles y constitutivos de la soberanía de todo el pueblo argentino. El debate en torno a la extranjerización de la tierra concita un consenso transversal en la sociedad argentina y en las representaciones legislativas. Muestra de ello fue el tratamiento parlamentario en el Congreso de la Nación, donde los capítulos orientados a flexibilizar la tenencia de tierras fueron excluidos en resguardo de la soberanía integral. La vigencia de los límites legales a la propiedad extranjera no responde a consignas partidarias, sino a un principio de soberanía y custodia de nuestros bienes naturales.

En un contexto institucional en el que la Cámara de Diputados de la Nación evalúa normativas referidas a la soberanía nacional y a la causa Malvinas, resulta contradictorio desproteger el suelo patagónico. La tierra rural es un recurso finito y estratégico para la producción, el asentamiento de poblaciones locales y la protección de las fronteras nacionales.

Frente a la gravedad de este escenario, las parlamentarias y los parlamentarios de la Patagonia ratifican su compromiso con la defensa del patrimonio de las provincias y del país. Hacemos un llamado formal al Honorable Congreso de la Nación para que, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales y en el marco de la división de poderes, concluya el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23 con el objetivo de dotar de plena certeza jurídica al dominio soberano de las tierras argentinas.

La defensa del territorio nacional y la protección de nuestras fronteras demandan la unidad de criterio de todas las fuerzas políticas en torno a una política de Estado perdurable y soberana.

Diputadas y Diputados del Parlamento Patagónico La Pampa: María Luz Alonso, Martín Balsa, Silvia Larreta, Espartaco Marín, Marcela Páez, Federico Ortiz García. Tierra del Fuego: Laura Colazo, Gisela Dos Santos, Federico Greve, Tomás García, Matías Lapadula, Jorge Lechman, Damián Loffler, Myriam Martínez, Juan Carlos, Victoria Vuoto. Neuquen: Mónica Aida Guanque, Lorena Parrilli, Juan Abel Sepúlveda. Chubut: Emanuel Coliñir Santa Cruz: Carlos Alegría, Claudia Barrientos, José, Bodlovic, Eloy Echazú, Rocío García, Carlos Godoy, Agostina Mora, Karina Nieto, Lorena Ponce, Daniel Peralta, Carlos Santi. Rio Negro: José Luis Berros — Presidente del Bloque Vamos con Todos