La Ley de Agroquímicos sancionada durante el año 2020 establece ciertas restricciones a la implementación de agroquímicos en cercanías de la población. La población y el Colectivo Sanitario de La Pampa requerían una normativa que limite el uso de estos productos a fin de preservar la salud pública y ambiental.
Sin embargo y ante supuestas infracciones en la ejecución de acciones correspondientes con la fertilización mediante estas prácticas, fue dicho ente el que se expidió para repudiar la implementación. Aquí el comunicado en el que expresan su rechazo.
“Luego de un año de sufrir los efectos de una pandemia que todavía no da tregua y que nos hizo pensar en la importancia de una buena salud, las pulverizaciones continúan su curso como si nada distinto estuviera ocurriendo. Parece no terminar de encontrar el camino de salida, o más bien, lo obstruyen constantemente, propios y ajenos.
Las bondades que este modelo decía traer a viva voz, no eran sino los efectos directos que la población padece con enfermedades; resultaron ser en realidad la concentración del capital, de la tierra y de la especulación. Grandes corporaciones y dueños de la tierra gozaron de grandes beneficios a costa de la salud y el bienestar de millones de familias en el interior de nuestro país.
En 2020 fueron sancionadas la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas y la Ley de Promoción de Sistemas de Producción Agroecológica. En ése año también se cometieron múltiples delitos violando la normativa ambiental vigente.
Entre esos delitos se pueden mencionar los ocurridos en septiembre pasado, cuando las autoridades encontraron más de 400 bidones de agroquímicos enterrados en terrenos linderos a las vías del ferrocarril en la localidad de Vértiz, o los 260 bidones abandonados en un camino vecinal de Metileo y otros que a diario ocurren pero que no toman estado público.
Recientemente se sumó una denuncia informal realizada a través de una captura de video obtenida en un lote productivo de la Facultad de Agronomía, UNLPam en la que una máquina pulverizadora realiza una aplicación en un sector lindero con la ruta 35 por donde cada día vecinos de Santa Rosa circulan haciendo actividad física o simplemente se detienen a recrearse en sus cercanías.
Las expresiones de la vicedecana de la mencionada Facultad no dejan de sorprender ya que, ¿cómo es posible querer explicar lo que se explica por sí solo? Para decirlo más claramente: ¿cómo explicar que “el cuerpo docente de la Facultad tiene una mirada muy respetuosa con el ambiente”, si una pulverizadora en uno de sus lotes esparce una mezcla de Glifosato, Dicamba y 2,4 D bajo condiciones de velocidad del viento superior a las establecidas por las Buenas Prácticas Agronómicas?
Seguramente el lector y la sociedad en general concibe a una institución educativa pública como un espacio crítico y de transformación, no de sumisión a un modelo hegemónico (en este caso agroindustrial) que impone sus directrices desde las multinacionales del agronegocio con el auspicio de los grandes medios de comunicación. Sin embargo, esta sumisión al modelo hegemónico que ya lleva más de dos décadas en el país ha generado una retroalimentación de agentes empresariales, funcionarios de gobierno e investigadores egresados de Facultades de Ciencias Agrarias públicas, para quienes desde la comodidad del discurso dominante no se permiten concebir otro modelo posible”.
